Lo que calla el obispo

Foto: Notario

Hace años que la jerarquía católica intenta amputar de la memoria colectiva de Córdoba lo que convierte en única y universal a su Mezquita-Catedral. El proceso se endureció especialmente a partir de 2006, fecha en la que coinciden la polémica subasta de las vigas y la inmatriculación a su nombre del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como The Mosque of Córdoba. Para ello la Iglesia Católica utilizó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, reformado por Aznar en 1998, que la equiparaba a estos efectos con una Administración pública. Algo cuestionable en la dictadura cuando la Iglesia y el Estado eran hermanos siameses. Inconstitucional en democracia. De hecho, la Unión Europea ha recordado por enésima vez al Gobierno que la Iglesia Católica es una entidad privada y como tal está obligada al pago de los millones de euros que debe al Estado en concepto de impuestos. Una deuda mucho mayor desde que la Iglesia Católica hiciera suyos clandestinamente miles de inmuebles por toda España, utilizando el privilegio exorbitante que le concedió Aznar. Este escándalo monumental ha sido denunciado en Navarra, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia o Andalucía por cientos de ayuntamientos, diputaciones e incluso órdenes religiosas que se han visto privadas de los terrenos y edificios que ocupaban. 

Sin duda, la provocación del obispo es la última pieza en el calculado engranaje de la Iglesia Católica para la apropiación jurídica y moral de la Mezquita-Catedral. Y también, el peor de los fiascos. En la forma, porque resulta infame el uso de la palabra "borrar", impensable en otras bocas más conocedoras de la tradición popular como las de Monseñor Amigo. Y en el fondo, porque desvela una reacción desproporcionada a un ataque inexistente, dañando la imagen de Córdoba a un peldaño de conseguir la Capitalidad Europea. Para colmo, también se equivoca en los argumentos jurídicos: la "consagración" no es un modo de adquirir la propiedad; el uso no condiciona la naturaleza de las cosas; una parte no puede denominar al todo; los bienes de dominio público no se adquieren por la posesión en el tiempo; el municipio jamás perdió las competencias sobre el monumento; y su restauración y conservación la hemos pagado todos los cordobeses, aunque la Iglesia perciba el precio de las entradas en su integridad y desconozcamos cuánto gana con ello. La misma opacidad y el mismo miedo reverencial provocaron que la ciudad perdiera Cajasur. 

Por último, lo que pide el obispo hace tiempo que lo llevan haciendo con nuestro dinero y el silencio cómplice del Ayuntamiento: en las entradas sólo dice Catedral; en los folletos llaman a la Mezquita "intervención islámica en la Catedral"; y en la "catequesis nocturna" se niega la propia existencia del arte islámico y andalusí en la Mezquita. No es gratuito afirmar que sus arcadas son copia del acueducto de Segovia o que el Mirhab se inspira en la Basílica de San Juan Evangelista. Son una prueba más del intento de la destrucción de la prueba. Premeditado. Y fallido: la memoria es más fuerte que las piedras.