Lo que calla el obispo

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Hace años que la jerarquía católica intenta amputar de la memoria colectiva de Córdoba lo que convierte en única y universal a su Mezquita-Catedral. El proceso se endureció especialmente a partir de 2006, fecha en la que coinciden la polémica subasta de las vigas y la inmatriculación a su nombre del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como The Mosque of Córdoba. Para ello la Iglesia Católica utilizó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, reformado por Aznar en 1998, que la equiparaba a estos efectos con una Administración pública. Algo cuestionable en la dictadura cuando la Iglesia y el Estado eran hermanos siameses. Inconstitucional en democracia. De hecho, la Unión Europea ha recordado por enésima vez al Gobierno que la Iglesia Católica es una entidad privada y como tal está obligada al pago de los millones de euros que debe al Estado en concepto de impuestos. Una deuda mucho mayor desde que la Iglesia Católica hiciera suyos clandestinamente miles de inmuebles por toda España, utilizando el privilegio exorbitante que le concedió Aznar. Este escándalo monumental ha sido denunciado en Navarra, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia o Andalucía por cientos de ayuntamientos, diputaciones e incluso órdenes religiosas que se han visto privadas de los terrenos y edificios que ocupaban.